La otrora diputada y expresentadora televisiva, Andrea Molina, se querelló en contra de Josefa Barraza, directora del medio El Ciudadano, por una nota que versaba sobre la millonaria remuneración que recibiría de parte de la Corporación Municipal de La Reina, exigiendo penas de presidio y una multa al medio de comunicación.

Así las cosas, a principios de marzo, se publicó en el portal digital de El Ciudadano una noticia titulada "Exdiputada Andrea Molina (UDI) aterriza con millonario sueldo en la Corporación Municipal de La Reina", la cual fue replicada por el periodista de investigación Juan José Lyon en X (ex Twitter), donde se revelaba que Molina había sido contratada por la Corporación de la municipal por un sueldo cercano a los $3.500.000.

Estaba mirando unas Corporaciones Municipales antes de dormir y me topé con que Andrea Molina fue contratada a honorarios por la Corp de @MuniLaReina , casi 3,5 millones.
Ojalá pudiésemos revivir nuestro buscador @regulequecl para que estos datos fuesen más fáciles d encontrar. pic.twitter.com/jlxLhgkvfF

— Juan José Lyon (@jjlyonn) March 6, 2024

En esta línea, y a modo de contexto, se recuerdan otras controversias ligadas a la exlegisladora, como el gasto de más de $3.000.000 como parlamentaria en "traslación" –monto que según la publicación era superior al de otros honorables–, la adquisición de informes que contenían fuentes sin citar, y la exposición de que el nombre de Molina figuraría entre los documentos que la Fiscalía investiga en el marco del denominado Caso Audios.

Esto último habría molestado a la expresentadora televisiva, ya que, al elaborar la nota, replicando al medio Ciper Chile, se habría consignado que Andrea Molina estaba siendo investigada por el Ministerio Público.

En rigor, el nexo que tiene con la causa, según el medio de investigación periodística, es que la otrora actriz -en documentos judiciales- figura como deudora de $500 millones a Factop –empresa investigada por eventual pago de coimas a funcionarios públicos y la utilización de facturas falsas–, mientras que en los registros internos de la empresa aparecen $7.539 millones en movimientos relacionados a la exparlamentaria.

Pese a que El Ciudadano rectificó la información con la debida aclaración pública, lo cierto es que en tribunales aun persiste una querella criminal interpuesta por Molina por el presunto delito de injurias graves, acusando un perjuicio tanto "en su vida íntima como profesional", reza el escrito.

Sin embargo, la acción judicial llama la atención por solicitar 541 días de reclusión menor en su grado medio para Barraza y que se imponga una multa de 20 UTM –aproximadamente $1.300.000– al medio en cuestión, lo cual ha sido criticado por diversos organismos, denunciándose el uso de este tipo de acciones legales en contra de periodistas para amedrentar a la prensa crítica.

Cabe destacar, según la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada por Reporteros Sin Fronteras –donde Chile descendió del puesto 82 al 83 el año pasado– se destaca que "los procesos judiciales contra medios y periodistas se han convertido en una estrategia recurrente para silenciar al periodismo", como uno de los argumentos para asignar al país la ponderación que tiene, algo que podría presentarse en este caso en particular.

En este sentido es que el Colegio de Periodistas y el Observatorio del Derecho a la Comunicación manifestaron su preocupación por la querella interpuesta por la expresentadora de televisión, cuestionando el hecho de que la legislación chilena contemple penas "abusivas" cuando existen mecanismos como el derecho a la rectificación o aclaración contemplados en la Ley de Prensa que podrían resolver este tipo de asuntos sin afectar la libertad de prensa.

¿Porqué la demanda de la expresentadora sería vulneratoria para la prensa?

Por otra parte, en conversación con El Filtrador, Josefa Barraza expresó que este incidente "es sumamente complejo, que al momento de estar ejerciendo tu rol como periodista, te enteres de que estás imputada. Sientes que eres 'una delincuente' por el tan solo hecho de trabajar", calificando el hecho de "lamentable" a apenas semanas del Encuentro Internacional por la Libertad de Prensa.

En este sentido, y haciendo un llamado a dejar de criminalizar el ejercicio periodístico, la periodista agregó que se encuentra "sumamente tranquila, porque no hemos hecho nada malo. Como medio, y en mi caso como directora de El Ciudadano, estaremos enfrentando este proceso judicial con entereza y serenidad", dejando su defensa en manos del reconocido abogado Mauricio Daza.

Buscando conocer en mayor detalle qué implica legalmente esta acción judicial, este Portal se puso en contacto con el jurista, quien fue enfático a la hora de indicar que "acá estamos frente a un intento de amedrentar a un medio de comunicación social por su labor, y se está lejos de tratar de resguardar el honor que supuestamente se habría vulnerado al momento de informar antecedentes que ya habían sido señalados por otros medios de comunicación", apuntó sobre los antecedentes que se describen en la nota original de El Ciudadano.

Así las cosas, Daza apuntó que lo que se busca es desvirtuar el contenido de la nota, en la medida que "se toma una frase contenida en una publicación más extensa, se le descontextualiza, y todo esto con la finalidad de fundar una querella que claramente no tiene un sustento jurídico consistente", señaló, agregando que se trata de "una forma de criminalizar artificialmente (el periodismo) (...) estamos frente a una suerte de amenaza o castigo", comentó.

De igual forma, el abogado hizo hincapié especialmente en el hecho de que la querella interpuesta por la expresentadora televisiva carece de menciones explícitas a una rectificación o aclaración, saltando directamente a la búsqueda de una pena de presidio y la aplicación de multas.

"La querella de Molina tiene muchos defectos no solamente de fondo, sino también de forma, lo que vamos a hacer valer en el transcurso del proceso. Andrea Molina en ningún momento solicitó algún tipo de rectificación al medio respecto de algún antecedente que se pudiera objetar como falso o incorrecto", explicó el defensor.

"Ni mi representada ni El Ciudadano se van a deja intimidar por querellas que son temerarias o infundadas, y que claramente buscan intimidar la labor de la prensa en un Estado democrático de derecho como el chileno", remató el abogado.